Responsabilidad respecto a accidentes de tráfico

Responsabilidad respecto a accidentes de tráfico
La regulación sobre la responsabilidad respecto a accidentes de tráfico viene establecida por el Real Decreto Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

De manera general, se puede concluir que como consecuencia de un accidente de tráfico se tiene derecho a una indemnización justa por parte del responsable o su compañía de Seguros con la que se deben resarcir el fallecimiento o daños personales y materiales, gastos sanitarios etc.

Todo ello es lo que se extrae del primero de los artículos de este texto que establece que “el conductor de vehículos de motor es el responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo a las personas y bienes con motivo de la circulación”.

Esta responsabilidad tiene su razón de ser en la responsabilidad extracontractual que prevé en el art. 1902 del Código Civil aplicada para un caso concreto como es un accidente de tráfico.
La Ley exige que todo propietario de vehículos a motor está obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 1.

La regulación respecto al contrato de seguro y la responsabilidad que deriva del mismo y que recae sobre la compañía aseguradora está recogida en la Ley del Contrato de Seguro. En la misma, se recoge la extensión de la responsabilidad de esta, los derechos y deberes del asegurado entre los que está la reclamación a la aseguradora de su indemnización por parte del perjudicado mediante una acción directa.

En los casos de falta de seguro, vehículos robados o desconocidos, también se articulan medidas para que el perjudicado por un accidente de tráfico pueda verse recompensado. En concreto lo que se prevé es que por estos daños pueda responder el Consorcio de Compensación de Seguros, de acuerdo con el apartado 1.b) del art. 11 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor que establece que:
1. Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del ámbito territorial y hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio:
b) Indemnizar los daños a las personas y en los bienes, ocasionados con un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, así como los ocasionados dentro del territorio español a personas con residencia habitual en España o a bienes de su propiedad situados en España con un vehículo con estacionamiento habitual en un tercer país no firmante del Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico y de otros Estados asociados, en ambos casos cuando dicho vehículo no esté asegurado.
¿Qué daños abarca esta indemnización cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros?

Dada esta situación la indemnización cubriría la totalidad de los daños materiales y corporales (Art.9, apartado 1, c) del Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, modificado por el Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio, corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, en las condiciones previstas en esta Ley y hasta los límites del aseguramiento obligatorio:
c) Indemnizar los daños corporales y materiales producidos por un vehículo matriculado en España, dentro del ámbito territorial, condiciones y límites establecidos en el artículo 4 de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, cuando dicho vehículo no esté asegurado, salvo que se diera la excepción prevista en el apartado anterior.
La cuantía de la indemnización como consecuencia de un accidente con un vehículo a motor tiene en cuanta los días de curación, aquellos en los que no se pueda realizar las labores habituales, ingresos, circunstancias familiares y los índices de corrección que en el Anexo I de la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor se prevén para el fallecimiento, lesiones permanentes o incapacidad temporal causadas por este motivo. Hay que tener en cuenta que lo recogido en el mismo se va actualizando anualmente.

La indemnización deberá recibirse en los tiempos que marca la Ley pero si no es así, se establece la aplicación de intereses moratorios o los que en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro se describen para las aseguradoras. El artículo 9 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor señala:
Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, con las siguientes peculiaridades: a) No se impondrán intereses por mora cuando las indemnizaciones fuesen satisfechas o consignadas ante el juzgado competente en primera instancia para conocer del proceso que se derivase del siniestro, dentro de los tres meses siguientes a su producción. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.
¿Qué otros derechos te avalan en caso de sufrir un accidente de tráfico?

  • Derecho a que ser atendido en la oficina de asistencia a víctimas.
  • Derecho a acceder al atestado policial y a todas las actuaciones que se realicen en el Juzgado.
  • Derecho a tomar parte en el procedimiento con abogado y procurador.
  • Derecho a elegir libremente un abogado y procurador para la representación y defensa de los intereses.

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